Resumen: Resuelve esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que decidía sobre una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, considerando que no existió un funcionamiento anormal del servicio, ya que no se acredita que hubiere una infracción de la lex artis a la que imputar el resultado dañoso invocado con motivo de la atención recibida en un centro sanitario de la órbita de la administración demandada.
Resumen: Considera esta sentencia que ha habido una lesión antijurídica en el recurrente como motivo de la cual se declara la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la administración. Hubo una pérdida de oportunidad al no aplicarse adecuadamente los métodos diagnósticos procedentes cuando el paciente ingresó en los servicios sanitarios de la administración demandada, tal y como se desprende de la prueba practicada y tal y como concluye la sentencia que se analiza.
Resumen: Tratamiento de datos personales. Licitud del tratamiento. Adquisición de cartera de créditos, inclusión en fichero ASNEF. Licitud del tratamiento de datos personales, artículo 6 Reglamento (UE) 2016/679. Consentimiento inequívoco, carga de la prueba. Responsabilidad de personas jurídicas, falta del elemento volitivo en sentido estricto, pero no de la capacidad de infringir las normas a las que están sometidas, protección eficaz y capacidad de infracción. Tratamiento de datos posterior a la cesión de los mismos, siendo datos inexactos.
Resumen: Se trata de caso de acreditación de forma improcedente de bases imponibles negativas. La sentencia estima el recurso, para lo que señala, en primer lugar, que la norma dispone que constituye infracción tributaria determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros. Se exige, pues, que cuando una empresa declare pérdidas en su ejercicio fiscal que sean susceptibles de poder ser compensadas con beneficios futuros en ejercicios posteriores, sean cantidades exactas y ajustadas; de no hacerlo constituye una infracción grave.Pero vistas las circunstancias concurrentes, y que fue la propia parte quien motu proprio en las declaraciones de los años 2017 y 2018 corrigió el error, la sentencia destaca que, para apreciar el elemento de culpabilidad exigible en toda sanción, la Administración tributaria debió motivar por qué el error material inicial, posteriormente subsanado debía ser sancionado por falta de la diligencia exigible a la entoidad contribuyente en el cumplimiento de su obligación tributaria. Si la Administración sanciona no por haber practicado una deducción improcedente, sino por haber determinado improcedentemente partidas a compensar en la base de declaraciones futuras, no cabe apreciar la culpabilidad por exclusión y considerar automáticamente a sensu contrario que no se ha actuado con el cuidado y atención exigibles.
Resumen: La Sala estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Acuerdo del TEAR que desestima la reclamación económico administrativa interpuesta frente al Acuerdo desestimatorio del recurso de reposición contra la imposición de sanción derivada del procedimiento de comprobación limitada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, frente a la que invoca que concurre la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contradicción de la Administración que ha estimado la reclamación frente a la sanción derivada de otro ejercicio, pero la Sala considera que la diligencia se ha rechazado expresamente por la Administración, dado que se está empleando en la citada actividad medios de producción de su propiedad, incumpliendo así de manera evidente el requisito necesario para poder incorporar este índice al cálculo del rendimiento neto de la actividad agrícola, sin que quepa apreciar la existencia de una interpretación discrepante razonable y en cuanto a la contradicción con otro acuerdo del TEAR, se precisa que no existe tal contradicción ya que la sanción respecto del ejercicio que fue anulada se había impuesto por falta de motivación, pero en este caso si consta la debida motivación de la sanción.
Resumen: Se estima el recurso contencioso planteado contra la resolución de la Confederación Hidrográfica, que impone una sanción de multa, que se anula. La infracción leve se declaró prescrita y se requirió a los interesados para que en plazo de 15 días procedieran a demoler y retirar el puente y la escollera situadas en el cauce del arroyo. Dicha orden quedaría en suspenso si los interesados solicitan la legalización. y se advierte que de no cumplir lo ordenado, se procederá a imponer multas coercitivas. El tema objeto de debate se centra exclusivamente en la resolución que impone multa coercitiva por no ejecutar lo acordado, pero no procedía imponer multa coercitiva en esta situación, pues cuando se dicta la resolución, se insiste, ya se había admitido el recurso contencioso-administrativo, en el que se solicita medida cautelar, que posteriormente fue acordada. Esta medida sigue vigente, y no cabe imponer multa coercitiva en estas condiciones. No procedía imponer una multa coercitiva si efectivamente se incumple una obligación impuesta, pero no cabe hacerlo cuando no es firme la resolución sancionadora cuya inejecución daría lugar a la multa coercitiva y cuando la misma ha sido además, suspendida, siendo firme la resolución que así lo acuerda.
Resumen: Declara la sentencia que el servicio prestado por la persona física a la sociedad es el mismo que ésta presta a sus clientes. No es necesario acudir a comparables externos pues el mejor comparable existente posible es precisamente uno interno: el valor percibido por la entidad de terceros independientes por los mismos servicios que el socio y administrador presta a la sociedad. En atención a ello, se justifica confirmar el método valorativo empleado por la Inspección (método del precio libre comparable) pues el precio pagado por los terceros a la sociedad es un comparable muy cercano para determinar el valor del servicio prestado por el socio (recurrente) a la entidad. En cuanto a la sanción, no existe ninguna explicación racional para valorar los servicios prestados por el socio a la sociedad en un importe inferior al valor de los servicios prestados por la sociedad a sus clientes independientes.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que estimó parcialmente el promovido contra la inactividad de la Agencia del Agua por no ser ejecutadas sendas resoluciones sobre obras. No es que la sentencia apelada incurra en un error de hecho en la valoración de los documentos invocados por la apelante o infracción de las reglas de valoración razonable ( no arbitraria) o reglada de aquellos, sino que con fundamento en esos documentos, rechaza las alegaciones de las demandadas sobre la pérdida del objeto de la resolución. La sentencia apelada no hace sino amparar la situación jurídica del recurrente afectado por la inactividad de contrario , aparte de la cual haya sido o dejado ser la de la apelante y las causas, imputables o no a ella, del hecho de no haberse ejecutado las obras de referencia y con independencia, también, de su conexión o proyección unitaria con la de instalación de una pantalla acústica. No puede discutirse la competencia de la Agencia del Agua, o de cualquier organismo o entidad de la misma Naturaleza para ejecutar, en su caso, forzosamente sus propios actos, esto es, la auto tutela ejecutiva sin discutir, a la vez, su potestad de autotutela declarativa; en lo que viene al caso, para dictar las Resoluciones consentidas por la apelante.
Resumen: El art 7.1 del RDL 1/1993 (25) dispone: 1. Son transmisiones patrimoniales sujetas: B) La constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando estas últimas tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalaciones en puertos y en aeropuertos. (...) Y el art 13: (....) 2. Se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos del impuesto, los actos y negocios administrativos, cualquiera que sea su modalidad o denominación, por lo que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos o de la atribución del uso privativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público, se origine un desplazamiento patrimonial en favor de particulares. En este sentido, se pronuncian las sentencias del TSJ de Madrid de 31 de marzo de 2023, rec 330/2021 (7) y 331/2021 (8).
Resumen: En el caso concurre el elemento objetivo de la sanción ya que el obligado tributario había dejado de presentar el pago fraccionado correspondiente al primer periodo del ejercicio 2019, con el consiguiente perjuicio económico para la Hacienda Pública, independientemente de que en la posterior presentación del Impuesto sobre Sociedades de 2019 tuviera derecho a la devolución de cuotas.Por lo que se refiere al elemento subjetivo, la sentencia acepta que en el caso se daba como mínimo negligencia porque, al ser el contribuyente una entidad sujeta al Impuesto de Sociedades, estaba obligada a conocer de forma clara su modo de cálculo del pago fraccionado y a efectuarlo en el plazo correspondiente, destacándose que no es admisible alegar desconocimiento o error puesto que la infracción cometida era fácilmente evitable mediante una actuación con una diligencia mínima en la obtención de información necesaria para el cumplimiento correcto de sus obligaciones. Además, alegada la interpretación razonable de la norma, también se rechaza porque no se apreciaba laguna normativa alguna, ni deficiencia ni oscuridad de la norma, ni especial complejidad de la misma que provocase una duda razonable que pudiera conducir al obligado tributario al incumplimiento de sus deberes fiscales.Por último, tampoco podía ampararse en las expectativas de pérdidas como consecuencia de los resultado en el Impuesto sobre Sociedades de 2018,y ello al disponer la norma que se efectuasen los pagos fraccionados
